Quizá por esa complicidad entre dos hombres con ideologías tan dispares, no comprende Otero la deriva política que vive España en la actualidad, «contraria al espíritu» de la Transición que alumbró la Constitución del 78. «Las energías de aquella época no están agotadas, pero hemos llegado a un punto en el que nos estamos estrellando contra la pared y, por eso, se exige una fórmula nueva», comenta con gesto serio. Una solución que, según dice, pasa por «un gobierno de concentración limitado en el tiempo entre los dos partidos mayoritarios» y dirigido por un presidente que «no vaya a disfrutar a la Moncloa, que vaya a sacrificarse, a quemarse por una nación que vive una crisis económica y estructural que exige soluciones diferentes a las que se están proponiendo».

Una afirmación que explica, según él, la raíz de muchos de los males que atenazan institucionalmente al país. Entre ellos, el del desprestigio de la Justicia y de sus más nobles tribunales.
En esa continua apelación al diálogo, apoya también su discurso respecto a la vertebración del Estado, otra de las «causas» del deterioro estructural de España que denuncia. «En la Transición, los nacionalistas actuaron con responsabilidad, pero nunca propusieron un programa de máximos, que es lo que hacen ahora y que no es lo que pactamos hace treinta años», dice. Ante las urgentes reformas solicitadas por sectores del ámbito educativo, también receta la medicina del diálogo, que «faltó a la hora de tratar el asunto de la asignatura de Religión». «Decir que la religión es un tema privado de cada individuo es no creer en la Declaración de los Derechos Humanos, que respaldan que toda persona tiene derecho a nivel privado y público a profesar la religión que quiera».

Todos estos problemas son, para él, hijos de una misma realidad. «Creo que la actual crisis está relacionada con la atonía moral que vive no sólo España, sino Occidente y, especialmente, la civilización europea, que lleva décadas sin un pensamiento claro», señala. Por eso, ahora más que nunca se aferra al humanismo cristiano como única salida posible para «encauzar la situación». «El humanismo cristiano es la fórmula que debe inspirar las soluciones. El 90% de la población occidental está educada en el humanismo cristiano y, por eso, sólo es una cuestión de escarbar», señala. «La cultura cristiana no es la religión, pero deriva de la religión. En Europa mucha gente ha dejado de creer en Dios y, con frecuencia, se siente obligada a atacar la religión que ha profesado. Es un fenómeno psicológicamente muy comprensible, pero que no está justificado», concluye.


El MIÉRCOLES, día 5 de MAYO, a las 19,30 horas,  se celebró la conferencia “DERIVACIONES SECULARES NO RELIGIOSAS DE LOS PRINCIPIOS EN LA VIDA PÚBLICA” por JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS, que inaugurará el ciclo “La política al servicio del bien común”.

Presentó: José Luis Iglesias Riopedre, Consejero de Educación del Principado de Asturias.

JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS (Vigo, 1940)
Jurista y escritor  español. Fue ministro de la Presidencia y ministro de Educación en el ejecutivo de Adolfo Suárez.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo con Premio Extraordinario. Diplomado en Derecho Comparado Hispanoamericano, también por la Universidad de Oviedo. Inspector de los Servicios del Ministerio de Hacienda. Abogado del Estado, por oposición (1967), ejerciendo como tal en el Tribunal Supremo.
Sus primeros cargos en la Administración fueron los de jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Hacienda, director general de Política interior y subsecretario técnico del presidente del gobierno.
Desde julio de 1977 hasta septiembre de 1980 fue Ministro, primero de la Presidencia, donde apareció como cercano colaborador de Adolfo Suárez, llevando el peso de la preparación y ejecución de las decisiones de los Consejos de ministros. También presidió varias comisiones de transferencias a entes preautonómicos, entre ellos, el vasco.
A partir de abril de 1979 fue Ministro de Educación durante 18 meses. Puso en funcionamiento 930.000 nuevos puestos escolares públicos y consiguió la aprobación del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) que por establecer el derecho de los centros a tener carácter propio o ideario, mereció una fuerte contestación de la izquierda política, aunque recurrido al T.C., este Tribunal sentenció que ello es imprescindible para asegurar el derecho constitucional a elegir tipo de educación.